Lcda. Karla G. Mercado Rivera

Administradora y Principal Oficial de Compras

Lcda. Karla G. Mercado Rivera

Karla G. Mercado Rivera, Esq. es una ejecutiva pública con más de diez años de experiencia entre el sector público y privado, cuya trayectoria integra con rigor el derecho, la fiscalización contributiva, las finanzas y la administración de compras públicas. Desde el año 2020 funge como Administradora y Principal Oficial de Compras (Chief Procurement Officer) de la Administración de Servicios Generales (ASG) del Gobierno de Puerto Rico, donde dirige el sistema centralizado de adquisiciones y lidera la modernización tecnológica, normativa y operativa del modelo de adquisiciones del Estado. Durante su gestión ha impulsado la transformación más completa del sistema de contrataciones públicas de bienes, obras y servicios no profesionales en la historia de Puerto Rico. Conceptualizó, diseñó y dirigió la implementación de la primera plataforma integral de adquisiciones del Estado, que consolidó procesos previamente fragmentados en un entorno digital con trazabilidad total, integración de datos, métricas de cumplimiento y supervisión en tiempo real. Joint E-Procurement Digital Intelligence (JEDI), estableció un estándar unificado para la administración de subastas, contratos y expedientes administrativos, fortaleciendo la gobernanza y elevando los niveles de transparencia institucional. Con un enfoque en que las contrataciones del Estado son una herramienta de desarrollo económico y en la rendición de cuentas, durante sus primeros años frente a la ASG logró que todas las adquisiciones tramitadas a través de la ASG fueran públicas en tiempo real. Además, que los procesos de licitación se realizan en vivo y se encuentras disponibles para su revisión en las páginas oficiales de la agencia. Paralelamente, ha impulsado la digitalización integral de la ASG mediante el desarrollo de sistemas como PROPEX para la gestión de propiedad excedente, FAST FLEET para la administración de flota gubernamental, la implantación de tecnología de GPS y telemetría para el seguimiento de activos, herramientas de auditoría digital, automatización documental y modelos analíticos que permiten evaluar patrones, costos y riesgos con mayor precisión. A esta infraestructura tecnológica añadió la integración de capacidades de inteligencia artificial, utilizadas para apoyar la detección temprana de irregularidades, el análisis estadístico y la toma de decisiones fundamentada en evidencia; siendo la ASG la primera Agencia de Gobierno en integrar inteligencia artificial en sus operaciones. Asimismo, desarrolló el primer sistema de alertas en tiempo real para subastas públicas, posicionando a Puerto Rico como referente regional en transparencia y acceso a la información. Su rol abarca la supervisión de contratos que superan los cuatro mil millones de dólares anuales, así como la administración de activos estratégicos del Estado, incluyendo flotas terrestres, marítimas y aéreas. Además, ha liderado un proceso amplio de revisión, codificación y promulgación de más de veinte reglamentos relacionados a compras, subastas, adjudicaciones, propiedad excedente y flota gubernamental, estableciendo un marco normativo moderno, coherente y funcional para las agencias públicas del Ejecutivo. Antes de asumir la dirección de la ASG, se desempeñó como Subadministradora, rol desde el que lideró la reorganización institucional de la agencia conforme a la Ley 73-2019, consolidando funciones, centralizando operaciones de compra y creando estructuras de gobernanza interna que fortalecieron la uniformidad y eficiencia del sistema de adquisiciones. Previamente, como Asistente Administradora de Operaciones, supervisó la administración de la propiedad gubernamental, la operación y reorganización de la flota, los programas de propiedad excedente, la reforma de estaciones de gasolina gubernamentales, la externalización estratégica de servicios y la implementación de medidas de eficiencia operacional que sirvieron de base para la posterior transformación tecnológica. Su carrera en el servicio público inició en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, donde trabajó como Auditora Contributiva, realizando auditorías de cumplimiento, evaluaciones técnicas y determinaciones fiscales. Posteriormente fue nombrada Agente Fiscal Especial, investigando esquemas de fraude contributivo, ejecutando análisis forenses, colaborando con agencias federales y estatales y ofreciendo testimonio pericial en casos criminales de alto impacto. En el ámbito académico se desempeñó como Asistente de Cátedra de Derecho Civil, habiéndose graduado con un Juris Doctor summa cum laude, el promedio más alto de su clase y la distinción de Estudiante Más Destacada en Derecho Civil. Su formación se complementa con una maestría en finanzas y un bachillerato en contabilidad, áreas en las que además desarrolló experiencia práctica en el sector privado como consultora financiera, contributiva y contable, ofreciendo análisis, evaluación de cumplimiento y apoyo técnico a empresas y organizaciones antes de ingresar plenamente al servicio público. Como conferenciante nacional e internacional, ha capacitado a la Oficina del Contralor, la Rama Judicial, agencias estatales, municipios, universidades y organismos reguladores de la República Dominicana, aportando a la profesionalización del sistema de compras públicas y al fortalecimiento de la gobernanza en Puerto Rico. Como conferenciante nacional e internacional, ha ofrecido capacitaciones especializadas a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Rama Judicial, universidades, agencias del Ejecutivo, municipios y organismos reguladores de la República Dominicana, abordando temas de ética pública, gobernanza, compras gubernamentales, derecho administrativo, cumplimiento, transformación digital y modernización estatal. La trayectoria de Karla G. Mercado Rivera combina experiencia regulatoria, técnica, operativa y tecnológica, permitiéndole dirigir proyectos complejos de reforma gubernamental con un enfoque disciplinado, eficiente y orientado a resultados. Su gestión al frente de la ASG ha consolidado un modelo de administración pública basado en tecnología, regulación clara, control efectivo y responsabilidad institucional, fortaleciendo la capacidad operativa del Gobierno de Puerto Rico y la confianza ciudadana en sus instituciones.